1. Introducción
Este trabajo se propone caracterizar la influencia del poder político sobre la Escuela de Psicología de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC entre 1973 y 1976, y describir las acciones y reacciones político-partidarias de miembros de la comunidad académica de ese momento, a través de una serie de entrevistas a estudiantes, docentes y otros actores e investigadores de ese período histórico.
El proyecto forma parte de una Práctica Supervisada en Investigación (PSI) enmarcada en el grupo de investigación sobre “Identidad, prácticas y formación profesional de la psicología en Córdoba (1965-1976)”, dirigido por la profesora Patricia Altamirano en el Museo de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
Mediante preguntas sobre la vida universitaria de la época, se intenta conocer de qué maneras se reflejó en la Facultad la manifiesta intención de los interventores que gobernaron la provincia de encarar una “limpieza ideológica” y eliminar a los “enemigos infiltrados” en la Universidad y otras instituciones de Córdoba. Puntualmente, se intenta caracterizar cuáles fueron los aspectos de la vida académica que se vieron afectados ante la aparente intrusión del poder político, y cuáles las acciones y reacciones de estudiantes y docentes.
Se sostiene aquí que la Escuela de Psicología y otras carreras de la UNC se constituyeron en espacios de resistencia que pusieron freno al avance de los sucesivos gobiernos de la intervención, a través de una gran movilización político-militante estudiantil y docente.
Las entrevistas que conforman este trabajo se contextualizan con documentación vinculada al tema de estudio. Todo ese material es publicado en este blog de internet y también en las redes sociales Facebook y Twitter. Se prevé además elaborar un informe final en el que se presentarán conclusiones basadas en el análisis de los testimonios de los distintos entrevistados.
2. Marco referencial
Suele afirmarse que, en los hechos, la última dictadura militar se inició en Córdoba con el derrocamiento del gobernador Ricardo Obregón Cano el 28 de febrero de 1974, dos años antes del golpe de Estado formal que impuso un nuevo gobierno en todo el país el 24 de marzo de 1976 (Servetto, 2004) ([1])
En efecto, durante los años previos al golpe militar ya se había generalizado la represión ilegal y la violencia estatal a través de acciones de grupos parapoliciales, alentados y organizados desde el mismo aparato del Estado (Servetto, 2004).
Tanto el derrocamiento del gobernador como la inmediata intervención federal a la provincia "abrieron un período en el que Córdoba se volvió uno de los rostros anticipados del terror que sobrevendría en el resto del país una vez producido el golpe militar" (Paiaro, 2014). Desde 1974, Córdoba quedó "ocupada" por fuerzas militares y paramilitares ([2])
Las medidas represivas quedaron sobre todo en evidencia tras la muerte del presidente Juan Domingo Perón en julio de 1974, cuando la intervención federal de Córdoba quedó en manos del brigadier Raúl Lacabanne.
En los 12 meses que duró su gobierno se realizaron numerosos allanamientos, se libraron órdenes de captura contra dirigentes de la oposición sindical y, a la vez, se dictaron resoluciones favorables a la institución policial, buscando así obtener aliados en la lucha contra la “subversión” y acabar con el “enemigo interno” (Paiaro, 2014).
Simultáneamente, se dio de baja a cientos de trabajadores de la administración pública que no reunían “las condiciones morales y aptitudes para el servicio".
Se trataba, en general, de llevar adelante una “limpieza ideológica” de la provincia a través de la eliminación de “enemigos infiltrados” en la administración gubernamental y en otras instituciones políticas y sociales representativas de la sociedad cordobesa (partidos políticos, sindicatos, instituciones educativas, centros de estudiantes, centros vecinales, organizaciones comunitarias). Es que, para Lacabanne, la subversión se concentraba no sólo en las organizaciones armadas revolucionarias sino también en la administración pública, en las plantas industriales, en la esfera económica y en muchos otros ámbitos. “¿Creemos acaso que la subversión puede circunscribirse a un determinado espacio de nuestra República, como se dice ingenuamente?”, declaró en uno de sus primeros mensajes. Según su concepción del enemigo político, cualquiera podía quedar bajo sospecha y a merced del accionar policial.
Según Eduardo Castilla (2007), el argumento de la “depuración ideológica” del peronismo ya había sido utilizado para derrocar a Obregón Cano y era en realidad una mera excusa para "liquidar a la vanguardia obrera, estudiantil y popular que se venía desarrollando desde el Cordobazo”.
Para Lacabanne, el conflicto político debía resolverse de acuerdo a la lógica de la relación “amigo-enemigo”: la supervivencia de uno implicaba la eliminación física del otro (Servetto, 2004). Existía la concepción del "otro" como un enemigo que no se podía convencer y al que por lo tanto había que denigrar, deshumanizar y, finalmente, eliminar (Paiario, 2014).
Era necesario, según el interventor, aplicar “la cirugía mayor para terminar con el cáncer que carcome a las instituciones cordobesas”. Esa apelación a imágenes como “patología social”, “cáncer”, “cirugía”, “extirpación de tejidos sociales” tenía como objetivo fomentar la idea de que hacía falta la acción decisiva de los gobernantes para terminar con la subversión que se infiltraba en todo el cuerpo social: partidos políticos, asociaciones empresarias, sindicatos y universidades. Cuando el cuerpo se “enfermaba”, la “cabeza” podía y debía aplicar una durísima medicina en la parte afectada (Servetto, 2004).
En ese contexto, Lacabanne declaró su voluntad de eliminar todo activismo que se identificara con cualquier forma de protesta social, y quiso imponer un nuevo orden basado en la ideología de la “comunidad organizada”, esto es, una sociedad capaz de dispersar las fuerzas centrífugas, ideológicas y clasistas. Sostiene Servetto (2004) que a través del miedo y la coerción se intentó "dejar solos e indefensos a los sectores críticos", y a la vez "destruir las redes de solidaridad y de compromiso participativo".
Ese proceso de intimidación fue llevado adelante a través del Tercer Cuerpo de Ejército, que encabezó la ofensiva con la asistencia de las fuerzas de la policía provincial, del servicio penitenciario y de grupos parapoliciales. Estos últimos confluían en el Comando Libertadores de América, una estructura clandestina (similar a la triple A a nivel nacional) que se dedicaba a cometer acciones criminales contra dirigentes políticos, sindicales, profesionales, obreros y estudiantes.
En conjunto, las fuerzas del régimen implementaron estrategias sistemáticas para "aniquilar a los cuadros más combativos de la fuerza popular y luego penetrar en los entramados sociales solidarios y cooperativos que habían dado sustento a las luchas de entonces" (Bertotti, 2010).
Las principales víctimas fueron "renombrados militantes o personificaciones que articulaban nudos relacionales significativos", lo cual implicó "la erosión de los lazos construidos entre los diferentes sectores movilizados, sus referentes, y sus bases sociales en la provincia" (Bertotti, 2010).
Así, durante esos años hubo encarcelamientos, persecuciones, intervención de sindicatos, prohibición de asambleas gremiales, vigilancia de todos los espacios de participación pública, y atentados contra domicilios particulares, contra sedes sindicales y contra medios de comunicación.
Además de todas esas prácticas, ya utilizadas con anterioridad, se sumaron otras nuevas, o al menos poco comunes por entonces en Córdoba: desapariciones, alojamiento de civiles en campos clandestinos de detención, asesinatos en serie y ocultamiento de cadáveres. Por lo general, los secuestrados eran alojados en la Prisión Militar Campo La Rivera, en proximidades del cementerio San Vicente.
Desde el gobierno nacional, en tanto, la legislación impulsada por la presidenta María Estela Martínez de Perón (1974-1976) también estuvo orientada a restringir/prohibir una amplia gama de acciones que eran consideradas “subversivas”. La Ley de Seguridad Nacional, el decreto de Estado de Sitio y las prohibiciones/sanciones a periódicos y revistas se fundamentaban en la idea de que todos podían estar bajo sospecha mientras el conjunto social estuviera amenazado. La definición del “enemigo subversivo” fue volviéndose cada vez más ambigua, al punto de que podía llegar a incluir a todos quienes se manifestaran en contra del orden vigente (Paiaro, 2014).
En ese contexto, en septiembre de 1975 el senador Ítalo Luder (a cargo del Poder Ejecutivo Nacional) desplazó a Lacabanne de la gobernación de Córdoba y lo reemplazó interinamente por el Comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, hasta tanto se confirmara en el cargo al nuevo interventor de la provincia, Raúl Bercovich Rodríguez. La designación de un militar al frente del gobierno y la existencia de la Comunidad Informativa de Inteligencia, presidida por el propio Menéndez, evidenciaban el peso real del sector castrense en la participación de la toma de decisiones políticas (UNC, 2013). Se abrió así la última etapa de lo que Servetto ha denominado "una democracia difícil".
Según el Informe de la delegación Córdoba de CONADEP, las denuncias registradas sobre desaparición de personas antes del 24 de marzo de 1976 fueron 52, de las cuales 42 se contaron en los tres meses inmediatamente anteriores al golpe de Estado (Servetto, 2004). Por su parte, el equipo de investigación que dirige Inés Izaguirre ha precisado que en Córdoba se registraron 109 asesinatos en el período anterior al golpe de Estado: el 25,6% del total de las víctimas de la represión (Bertotti, 2010)
En definitiva, en marzo de 1976 la tarea del disciplinamiento social ya contaba con una historia y desarrollo previo. Cuando finalmente los militares derrocaron a la presidenta María Estela Martínez de Perón y asumieron el gobierno del país, los sectores más combativos de las fuerzas populares de Córdoba ya habían sido, en su gran mayoría, derrotados (Bertotti, 2010).
En el ámbito educativo, la acción represiva del poder político se había vuelto explícita al menos desde el golpe de Estado de 1966. Por entonces, "la intensa presión y la falta de libertad en las diferentes unidades académicas trajeron como consecuencia el despido de docentes y persecuciones ideológicas" (Vera, 2013).
Luego, durante la breve presidencia de Héctor Cámpora y la gobernación de Obregón Cano en 1973, se designaron autoridades universitarias afines a las organizaciones más combativas del peronismo, que dispusieron la expulsión de docentes y funcionarios identificados con el régimen militar y modificaron contenidos y formas de evaluación en varias carreras (Vera, 2013).
Pero esa orientación duró apenas unos meses. A partir del Navarrazo y la intervención de la provincia en febrero de 1974, "la universidad sufrió el embate de la derecha peronista y todo fue un caos" (Vera, 2013). "El desplazamiento de los funcionarios gubernamentales vinculados con la juventud peronista puso en funcionamiento la maquinaria para frenar la movilización social" (Servetto, 2004).
En marzo de 1974, el Congreso de la Nación sancionó en la ley 20.645 de universidades nacionales, impulsada por el ministro de Educación Jorge Alberto Taiana. La norma reconoció la libertad de cátedra y la autarquía administrativa y económica, aunque prohibió la participación política. Al mismo tiempo, el Poder Ejecutivo designó rectores normalizadores y estableció un plazo para instalar el gobierno autónomo de cada Universidad. Sin embargo, esos planes no llegaron a ponerse en práctica, debido al fallecimiento de Perón en julio de 1974 y el inmediato cambio de tendencia en diversas políticas públicas. Taiana fue reemplazado por Oscar Ivanissevich en el ministerio de Educación, y en diciembre de ese mismo año se ordenó la intervención de la UNC. Mario Víctor Menso reemplazó a Próspero Luperi en la rectoría e impuso autoridades decanales en todas las facultades, además de forzar una cesantía de docentes por razones político-ideológicas.
Luego, tras el golpe de 1976, el gobierno militar ordenó una nueva intervención en la UNC y designó a autoridades castrenses en los decanatos. También impuso cupos, arancelamiento, exámenes de ingreso y estrictos controles sobre los contenidos curriculares e incluso sobre la vestimenta y el aspecto físico de los estudiantes. En septiembre de 1976 se publicaron las primeras listas negras con los nombres de los alumnos expulsados, aunque muchos ya no acudían a las aulas desde 1974, por la violencia instalada en la propia Ciudad Universitaria. Durante esos años hubo miles de estudiantes detenidos y desaparecidos en Córdoba y el resto del país.
Para Ansaldi (1996), la imposición de una política de miedo tendría tres componentes psicológicos: el silencio impuesto por la censura y la imposibilidad de manifestar y protestar públicamente; el sentimiento de aislamiento que viven los que sufren directamente la represión; y la desesperanza, es decir la generalización de la creencia de que cualquier iniciativa sería ineficaz.
Esas estrategias de miedo tienen siempre un sentido disciplinador y un objetivo de “educación por demostración”: producen un retraimiento hacia la vida individual, que se refleja en la destrucción de organizaciones de la sociedad civil (Servetto, 2004).
Pese a todo ello, diversos autores coinciden en señalar que durante la segunda mitad de los 60 y hasta el golpe de Estado de 1976, la sociedad cordobesa se encontraba "hipermovilizada, polarizada y alentada por un imaginario revolucionario de cambio de estructuras políticas, sociales y económicas" (Servetto, 2004). Prácticamente no hubo sectores que no fueran tocados por la onda expansiva de la politización: sindicatos, centros vecinales, inquilinos, habitantes de las villas de emergencia, sacerdotes y por supuesto estudiantes (Servetto, 2004).
En el ámbito universitario se combinó el movimiento de protesta social y radicalización política con el proceso de acercamiento al peronismo por parte de sectores tradicionalmente antiperonistas (como el movimiento estudiantil y las capas medias profesionales). La Universidad se convirtió así en uno de los principales escenarios de despliegue de nuevas alternativas ideológicas y políticas (Barletta, 2001).
Un hito importante para el movimiento estudiantil cordobés fue la conmemoración del 50 aniversario de la Reforma Universitaria, en 1968 (Bonavena, 2008; Millán, 2011). También lo fue el “Cordobazo” en 1969; de hecho, los estudiantes fueron combatientes destacados en la primera línea de esa lucha de calles que marcó un antes y un después en la historia del país (Tcach, 2012; Vera, 2013; Millán, 2014).
Además fueron comunes las tomas de facultades, la adhesión a paros de movimientos obreros, asambleas masivas y actos relámpago. Las manifestaciones se extendieron incluso hacia los colegios secundarios (Millán, 2014). También hubo numerosos choques con la policía, arrestos de estudiantes y frecuentes cierres de la UNC durante varios días o semanas (Millán, 2013). Luchas tan elementales como las vinculadas a las correlatividades y a los bochazos colectivos terminaban usualmente en violentos enfrenamientos con tomas de edificios, barricadas y pedradas o balazos de las fuerzas policiales (Millán, 2014). Entre 1972-74 las asambleas docente-estudiantiles y la concurrencia a marchas y actos públicos se multiplicaron (Ortiz, 2009). Los edificios universitarios aparecían empapelados a diario con leyendas que daban la pauta de lo que sucedía en América Latina, a la vez que la prensa informaba de la existencia de elementos trotskistas y otros grupos de izquierda no reconocidos por la Universidad (Vera, 2013).
Al mismo tiempo, la militancia social y política era favorecida por la existencia de un conjunto de ámbitos de sociabilidad, como los comedores y las residencias universitarias, donde el clima de debate era permanente y se propiciaba la reflexión, la distribución de propuestas y denuncias, y la conformación de “grupos de estudio” integrados por alumnos de diferentes carreras (Ortiz, 2009).
Millán (2014) establece cuatro grandes variables complejas que contribuyen a la explicación del desarrollo del movimiento estudiantil del período: 1) la coyuntura histórico–concreta; esto es, las influencias del proceso político internacional, nacional y regional; 2) las condiciones de sociabilidad: los espacios donde los estudiantes llevaban a cabo una serie de prácticas en común y donde era posible observar la constitución de las redes del movimiento social.; 3) las ideologías; es decir, las formas en que los estudiantes pensaban acerca de su rol y el de la Universidad en el proceso político (Therborn, 2005); y 4) las luchas estudiantiles, sus formas, su organización, y sus aliados y enemigos.
Durante la primera mitad de los 70 era común que los estudiantes cruzaran el cuestionamiento académico con el político, propugnando programas para el cambio en la orientación pedagógica y política de las carreras y de las disciplinas en el país (Millán, 2013). En el caso puntual de la carrera de Psicología de la UNC, ese fenómeno quedó en evidencia ya desde 1970, cuando el “III Encuentro Para la Revisión Crítica de la Psicología” fomentó el proceso de discusión del plan de estudios, además de debates sobre las perspectivas de la disciplina en el país (Millán, 2013).
Por entonces, la carrera de Psicología brillaban “el marxismo y el psicoanálisis, Sartre y Fanon, el arte psicodélico, el happening, la revolución Cubana, Vietnam y el existencialismo. La revolución estaba por llegar y había que entrenar tanto el alma como el cuerpo para la pelea y para la solidaridad" (Ortiz, 2009).
Desde la formación académica, la enseñanza se focalizaba en la crítica al sistema, las estructuras, la concepción bancaria de la educación; una crítica al enfoque técnico y modélico hegemónico, la desnaturalización de los procedimientos didácticos, y la búsqueda de la base ideológica en las propuestas educativas. Se asumía que el conocimiento permitiría comprender mejor la realidad y la necesidad de la liberación nacional, y que la universidad era un instrumento formador de primer orden para alcanzar ese objetivo (Ortiz, 2009).
Lógicamente, no todos los enfoques eran iguales dentro de la universidad ni en el interior del movimiento estudiantil. Desde algunas asignaturas se impulsaba la "lucha por la liberación", mientras que otras optaban por "sostener el sistema social" (Ortiz, 2009).
Esas disputas internas se extendían a toda la comunidad académica y profesional de Psicología y se agudizaron a partir de la intervención de la provincia en 1974. Según Sanz Ferramola (2000), entre los años 1975 y 1983 hubo en Argentina una "psicología-perseguida" y también una "psicología-perseguidora". Esta última llegó a ser "otra de las tantas herramientas al servicio de la represión y del terrorismo de Estado" ([3]).
3. Pregunta problema
¿De qué maneras concretas se reflejó el accionar del poder político provincial sobre la vida académica de la carrera de Psicología de la Facultad de Filosofía de la UNC durante el período 1973/76, y cuáles fueron las formas en que la comunidad universitaria respondió a esa injerencia?
4. Objetivos
4.1. Objetivo general
- Describir, en base a entrevistas a actores clave, de qué maneras incidió el poder político de la provincia de Córdoba sobre la carrera de Psicología de la UNC durante el período 1973/76 y cuáles fueron las formas en que la comunidad académica respondió a esa injerencia.
4.2. Objetivos Específicos
- Detallar cuáles fueron las características visibles de las acciones del poder político sobre la vida académica de la carrera de Psicología durante el periodo abordado.
- Determinar cuál era el grado de conocimiento de la comunidad académica acerca la violencia explicita ejercida por las fuerzas de seguridad contra estudiantes y docentes, ya sea dentro o fuera de los ámbitos de la facultad y la universidad.
- Establecer qué sabían los estudiantes y docentes sobre las aparentes acciones encubiertas, de inteligencia, mediante las que el gobierno trataba de obtener información sobre las actividades político-partidarias en la Escuela de Psicología de la UNC.
- Registrar qué conocían los estudiantes y docentes acerca de deserciones dentro de la comunidad académica como consecuencia de amenazas o presiones ejercidas desde las fuerzas de seguridad o desde las estructuras clandestinas al servicio del gobierno de la intervención.
- Determinar si las acciones represivas del poder político tendieron a ejercer una “educación por demostración” hacia la comunidad académica: si generaron miedo y produjeron un retraimiento hacia la vida individual y las actividades estrictamente académicas.
- Establecer cuáles fueron las características particulares más recordables de las manifestaciones estudiantiles, las tomas de edificios, los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y otros actos de protesta de la época bajo análisis.
- Describir las principales características de los ámbitos de sociabilidad (comedores y residencias universitarias, entre otros) que propiciaban la militancia social y política.
- Enumerar los principales sustentos teóricos que daban pie a las manifestaciones y resistencias de estudiantes y docentes de Psicología contra el poder político.
- Analizar las diversas posturas de estudiantes y docentes respecto al poder político: ver si hubo en la carrera una "psicología perseguida" y una "psicología perseguidora".
- Enunciar las características de los grupos de docentes y estudiantes favorables al gobierno de la intervención o al gobierno nacional.
5. Materiales y métodos
5.1. Tipo de estudio. Fuentes.
La metodología con la que se encarará este trabajo será la propia de un estudio descriptivo, vinculada al análisis historiográfico.
Se relevarán dos tipos de fuentes:
- Fuentes principales. Alumnos y docentes que transitaron institucionalmente el momento histórico de referencia. Se les realizarán entrevistas semiestructuradas; es decir, se les harán preguntas abiertas que les permitan introducir matices en sus respuestas.
- Fuentes complementarias. Investigadores y especialistas en el período abordado; notas, reglamentos, decretos, resoluciones, estatutos y otros materiales de archivo de la Facultades de Psicología y de Filosofía y Humanidades de la UNC, y de la Biblioteca de ambas Facultades; documentación de entidades vinculadas a la psicología en la ciudad y la provincia; archivos, notas y legajos estudiantiles; documentos privados: cartas, autobiografías y memorias, entre otros; y artículos de diarios, revistas y otras publicaciones.
Para las entrevistas a los actores del período de referencia se adoptará un enfoque biográfico: se apelará principalmente a la memoria como herramienta para reunir acontecimientos significativos y construir una representación, una huella, más que un dato histórico, sobre el momento histórico abordado. En cambio, en las entrevistas a historiadores y en la consulta de documentación pertinente se procurará seguir una perspectiva de corte histórico, que contribuya principalmente a contextualizar los recuerdos biográficos con información más "dura" u "objetiva".
Por último se elaborará un informe final que sintetizará, reflejará conclusiones y detectará similitudes y diferencias entre los testimonios de los entrevistados.
Todas las entrevistas y el informe final sobre el tema serán publicados en un sitio de internet especialmente elaborado para este proyecto, que también tendrá versión en redes sociales como Facebook y Twitter.
5.2. Lista tentativa de entrevistados
Los entrevistados se clasificarán en dos grupos: los que fueron docentes y alumnos de la Escuela de Psicología de la UNC entre 1973-76, y los historiadores y otros investigadores especializados en esa temática.
En ambos casos se partirá de una lista tentativa que podrá ampliarse a medida que avance la ejecución del proyecto.
Entre los primeros se buscará consultará a Aaron Saal, Eduardo Cosacov, Edgardo Pérez (estudiantes de Psicología en el período de referencia), Alberto Colaski (presidente del centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía en la primera mitad de los 70); Rubén Musicante, Enrique Saforcada; Livio Grasso; Miguel Mirotti, Teodoro Isaac, Angélica Dávila (docentes de la Esuela de Psicología en el período abordado).
Entre los investigadores se intentará entrevistar al psicólogo y docente Raúl Gómez, y a las historiadoras Alicia Servetto; Mónica Gordillo; Laura Valdemarca; María Laura Ortiz; Beatriz Ortiz; Mariano Millán; María Cristina Vera de Flachs; María Carla Bertotti; Roberto Ferrero; Enrique Hansen (del área de Investigación del Archivo Provincial de la Memoria); Luis Reinaudi (abogado causa Triple A) y Carlos Hairabedian (ex juez del caso "Cooperativistas").
5.3. Entrevistas
5.3.1. Preguntas para actores del período en estudio
1. El interventor federal Raúl Lacabanne manifestó en 1974 su voluntad de efectuar una "limpieza ideológica" y "eliminar a los enemigos infiltrados" en las instituciones cordobesas. ¿Se tradujo ese anuncio en un clima de miedo o de amenaza en la vida cotidiana de la carrera de Psicología? Si fue así, ¿de qué maneras concretas se manifestó?
2. ¿Conoció usted acciones de las fuerzas de seguridad del gobierno de la intervención contra estudiantes y docentes de Psicología, ya sea dentro o fuera de los ámbitos de la facultad y la universidad? ¿Podría dar detalles de algún caso en particular?
3. ¿Qué se decía al respecto en el ambiente estudiantil y/o docente? ¿Cuáles eran las explicaciones y/o justificaciones?
4. ¿Sabía usted de acciones clandestinas, de inteligencia, que incluyeran la infiltración de personas del poder político en las actividades político-partidarias en la Facultad y/o en la carrera de Psicología? ¿Qué se decía al respecto en el ambiente estudiantil y/o docente?
5. ¿Conoció usted casos de estudiantes o docentes que hayan dejado de asistir a la facultad como consecuencia de amenazas o presiones ejercidas desde las estructuras al servicio del poder político? Si fue así, ¿recuerda detalles sobre uno o más casos en particular?
6. ¿Eran vox pópuli esas situaciones en el ambiente estudiantil y/o docente? ¿Qué se decía al respecto?
7. ¿Recuerda si hubo acciones del poder político que ejercieron una “educación por demostración” hacia el resto de la comunidad académica; es decir, si generaron miedo y produjeron un retraimiento hacia la vida individual o hacia las actividades estrictamente académicas? Si es así, ¿recuerda algún ejemplo de ese tipo de comportamiento?
8. ¿Se reflejaban los reemplazos de docentes sobre las orientaciones de los contenidos de la carrera? Si fue así, ¿recuerda ejemplos específicos?
9. ¿Podría enumerar cuáles eran las principales corrientes teóricas de la psicología o de otras disciplinas que daban pie a las manifestaciones y resistencias contra el poder político?
10. El historiador Sanz Ferramola sostiene que hasta 1983 hubo en Argentina "una psicología perseguida y una psicología perseguidora". ¿Está de acuerdo con esa afirmación? ¿De qué manera concretas se pudo haber manifestado esa situación en la Escuela de Psicología de la UNC entre 1973 y 1976?
11. ¿Qué posición adoptaron las autoridades de la carrera y/o de la facultad en esos momentos? ¿Se opusieron a la injerencia del poder político mediante acciones concretas, estaban en contra pero no lo manifestaron, se mostraron indiferentes, o estuvieron de acuerdo? ¿Había grupos antagónicos dentro de la conducción de la carrera y/o de la facultad?
5.3.2. Preguntas para historiadores
1. ¿Cuáles fueron las principales acciones visibles, explícitas, del gobierno de la intervención federal de Córdoba sobre la vida académica la UNC en general y en la carrera de Psicología en particular durante el periodo 1973-1976?
2. ¿Cuáles fueron las principales acciones clandestinas, de inteligencia, del gobierno de la intervención sobre la vida académica y sobre las actividades político-partidarias de estudiantes y docentes de la UNC durante ese período?
3. ¿De qué maneras concretas se ponían en práctica los reclamos y protestas estudiantiles contra el gobierno de la intervención y contra el poder político en general?
4. ¿Cuáles fueron los principales sustentos teóricos que daban pie a las manifestaciones y resistencias de estudiantes y docentes contra el poder político?
5. ¿Cuál era el nivel de conocimiento de la comunidad académica acerca de las acciones de las fuerzas de seguridad del gobierno contra estudiantes y docentes, ya sea dentro o fuera de los ámbitos de la facultad y la universidad? ¿Cuáles fueron las principales reacciones ante esos hechos?
6. ¿Hubo en ese período un aislamiento de los sectores críticos y una destrucción de las redes de participación estudiantil y docente en la UNC, y en particular en carreras como Psicología? Si fue así, ¿de qué maneras concretas se manifestó ese aislamiento?
7. ¿Hubo deserciones dentro de la comunidad académica como consecuencia de amenazas o presiones ejercidas desde las fuerzas de seguridad y/o desde las estructuras clandestinas al servicio del gobierno de la intervención? ¿Fueron significativas en número?
8. ¿Hubo por entonces una "educación por demostración" del poder político hacia la comunidad académica? Si fue así, ¿se produjo un retraimiento más o menos generalizado hacia la vida individual y un descenso en la participación en actividades públicas por parte de estudiantes y/o docentes?
9. ¿Se produjeron grandes modificaciones en las orientaciones de los contenidos de las carreras, vinculados directa o indirectamente con los reemplazos de docentes por cuestiones políticas?
10. ¿Había grupos de docentes y estudiantes favorables al gobierno de la intervención o al gobierno nacional? ¿De qué maneras concretas manifestaban su posición?
11. El historiador Sanz Ferramola sostiene que hasta 1983 hubo en Argentina "una psicología perseguida y una psicología perseguidora". ¿Se puede decir que también hubo "perseguidos" y "perseguidores" dentro de la comunidad universitaria en general? Si fue así, ¿en qué facultades y carreras de la UNC se dio ese fenómeno con mayor visibilidad?
6. Importancia del proyecto.
Este proyecto será relevante en la medida en que generará los siguientes aportes:
- Contribuirá al conocimiento de la historia de la carrera de Psicología de la UNC y sus repercusiones sobre la actividad profesional en la ciudad de Córdoba y el resto de la provincia.
- Será de ayuda para posteriores estudios sobre la vida estudiantil, docente e institucional de la Escuela de Psicología de la UNC a principios de los 70.
- Tenderá a cubrir la escasez bibliográfica sobre la interacción entre el poder político y la carrera de Psicología de la UNC durante el período abordado.
- Contribuirá al conocimiento sobre el impacto del contexto histórico sobre la construcción de una determinada orientación, tipo o de modelo de identidad profesional del psicólogo.
- Aportará al conocimiento sobre la vinculación entre la comunidad académica, en particular de la carrera de Psicología, y la sociedad cordobesa de principios de los 70.
- Será pertinente a las temáticas y objetivos del grupo de investigación sobre “Identidad, prácticas y formación profesional de la psicología en Córdoba (1965-1976)”, del Museo de la Facultad de Psicología de la UNC.
- Intentará dar respuesta a una problemática de interés personal. Este trabajo tiene su origen en una monografía elaborada por el autor para la materia 'Escuelas, Corrientes y Sistemas de la Psicología Contemporánea', en primer año de la carrera. Allí se intentaba indagar en la aparente paradoja que significó, por un lado, la intención de las autoridades provinciales de encarar una "limpieza ideológica" en todos los ámbitos de la sociedad cordobesa; y por el otro, la notoria efervescencia estudiantil y docente que existía en la carrera de Psicología y en otras facultades de la UNC durante el período abordado. Esa inquietud persistió hasta ahora y se traduce en el presente proyecto.
Ale, Yamil
Córdoba, febrero de 2016
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Referencias
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Referencias
[1] Obregón Cano y el vicegobernador Atilio López fueron depuestos por el jefe de policía de la provincia de Córdoba, teniente coronel Antonio Domingo Navarro, en lo que se conoce como ‘el Navarrazo’. Según Eduardo Castilla (2007), el derrocamiento fue impulsado abiertamente por el presidente Juan Domingo Perón con el aval de la patronal y la burocracia sindical.
[2] Los sucesivos interventores de la provincia fueron reflejando las tendencias ideológicas del gobierno nacional: así como Obregón Cano se había identificado con la orientación progresista del presidente Héctor Cámpora, el interventor Duilio Brunello (marzo-septiembre de 1974) respondió directamente a Perón; el brigadier Raúl Lacabanne (1974-1975) estuvo a las órdenes del ministro José López Rega; y finalmente Luciano Benjamín Menéndez (1975) y Raúl Bercovich Rodríguez (1975-1976) terminaron de imponer la presencia del ejército y la policía que se verificaba en todo el país.
[3] En 1978 la Sociedad Interamericana de Psicología (1978) dio a conocer una “Resolución sobre la práctica psicológica y los derechos humanos”, en la cual condenaba, en primer término, la colaboración por parte de los psicólogos en actos de represión o tortura dirigidos a prisioneros políticos o a otras personas; y segundo, el vejamen y la persecución de los psicólogos y profesionales afines, a través de acciones que incluyeron la interrupción de enseñanzas y práctica, la destitución de cargos por factores políticos, la exclusión del trabajo profesional, el arresto arbitrario, el secuestro, la tortura y la desaparición” (Sociedad Interamericana de Psicología, 1978: 298).
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