Psicología en Córdoba 1973-76

            Suele sostenerse que, en los hechos, el denominado 'Proceso de Reorganización Nacional' no se inició en Córdoba con el Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, sino dos años antes, el 28 de febrero de 1974, con el derrocamiento del gobernador Ricardo Obregón Cano y el nombramiento de sucesivos interventores federales ligados al ejército y a la derecha peronista (Servetto, 2004) ([1]).

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            Según Paiaro (2014), la destitución del gobernador y la inmediata intervención federal a la provincia "abrieron un período en el que Córdoba se volvió uno de los rostros anticipados del terror que sobrevendría en el resto del país una vez producido el golpe militar: desde 1974, Córdoba quedó 'ocupada' por fuerzas militares y paramilitares" ([2]). Además se generalizó la represión ilegal a través del accionar de grupos parapoliciales, alentados y organizados desde el mismo aparato del Estado (Servetto, 2004).

 

            Tales medidas represivas quedaron sobre todo en evidencia tras la asunción del brigadier retirado Raúl Lacabanne como interventor federal de Córdoba en septiembre de 1974, en el contexto de los cambios acontecidos a nivel nacional tras la muerte de Perón y su reemplazo por su esposa Isabel en julio de 1974.       

 

            En los 12 meses que duró el gobierno de Lacabanne se realizaron numerosos allanamientos y se libraron órdenes de captura contra dirigentes de la oposición sindical (Paiaro, 2014). Además hubo encarcelamientos, persecuciones, intervención de sindicatos, prohibición de asambleas gremiales, vigilancia de todos los espacios de participación pública, y atentados contra domicilios particulares, contra sedes sindicales y contra medios de comunicación (Bertotti, 2009). Simultáneamente, se dio de baja a cientos de trabajadores de la administración pública que no reunían "las condiciones morales y aptitudes para el servicio".

 

            Se trataba, en general, de llevar adelante una "limpieza ideológica" de la provincia a través de la eliminación de "enemigos infiltrados" en la administración gubernamental y en otras instituciones políticas y sociales (partidos políticos, sindicatos, entidades educativas, centros de estudiantes, centros vecinales, organizaciones comunitarias). Para Lacabanne, la subversión se concentraba no sólo en las organizaciones guerrilleras sino también en la administración pública, en las plantas industriales, en la esfera económica y en muchos otros ámbitos (Paiaro, 2014).

 

            Desde el gobierno nacional, en tanto, la legislación impulsada por Isabel Perón (1974-1976) estuvo orientada a restringir/prohibir numerosas acciones que eran consideradas "subversivas". La Ley de Seguridad Nacional, el decreto de Estado de Sitio y las prohibiciones/sanciones a periódicos y revistas se fundamentaban en la idea de que todos podían estar bajo sospecha mientras el conjunto social estuviera amenazado. La definición del "enemigo subversivo" fue volviéndose cada vez más ambigua, al punto de que podía llegar a incluir a todos quienes se manifestaran en contra del orden vigente (Paiaro, 2014).

 

            En septiembre de 1975 el senador Ítalo Luder (a cargo del Poder Ejecutivo Nacional) desalojó a Lacabanne de la gobernación de Córdoba y lo reemplazó interinamente por el Comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, hasta tanto se confirmara en el cargo al nuevo interventor, Raúl Bercovich Rodríguez. La designación de un militar en ejercicio al frente del gobierno y la existencia de una 'Comunidad Informativa de Inteligencia', presidida por el propio Menéndez, evidenciaban el peso real del sector castrense en la toma de decisiones políticas (Paiaro, 2014). Se abrió así la última etapa de lo que Servetto ha denominado "una democracia difícil".

 

            De acuerdo a un informe de la delegación Córdoba de Conadep, las denuncias registradas sobre desaparición de personas en el período previo al Golpe de 1976 fueron 52, de las cuales 42 se contaron en los tres meses inmediatamente anteriores al golpe de Estado (Servetto, 2004). Por su parte, el equipo de investigación dirigido por Inés Izaguirre amplía las cifras de la Conadep: indica que en Córdoba se registraron 109 asesinatos antes del gobierno militar; es decir, una cuarta parte del total de las víctimas de la represión (Bertotti, 2009).

 

            En definitiva, en marzo de 1976 la tarea del disciplinamiento social ya contaba con una historia y desarrollo previo. Los sectores más combativos de las fuerzas populares de Córdoba ya habían sido, en su gran mayoría, derrotados cuando los militares derrocaron a Isabel Perón y asumieron el gobierno del país (Bertotti, 2009).

           

            El ámbito educativo, en tanto, había sufrido una intensa acción represiva durante los primeros años de la presidencia de Juan Carlos Onganía (1966-1970): hubo "falta de libertad en las unidades académicas, despido de docentes y persecuciones ideológicas" (Vera, 2013). Pero hacia fines de los 60 las universidades fueron convirtiéndose en "un instrumento de primer orden para alcanzar el objetivo de la liberación nacional" (Vera, 2013). "La enseñanza comenzó a focalizarse en la crítica a la 'concepción bancaria' de la educación; el cuestionamiento al enfoque técnico y a l los procedimientos didácticos hegemónicos; y la búsqueda de la base ideológica en las propuestas educativas" (Ortiz, 2009). En Córdoba se multiplicaron las asambleas docente-estudiantiles y la concurrencia a marchas y actos públicos (Ortiz, 2009). Los edificios universitarios solían aparecer empapelados a diario con leyendas que daban la pauta de lo que sucedía en América Latina (Vera, 2013). Luchas tan elementales como las vinculadas a las correlatividades y a los bochazos colectivos terminaban usualmente en violentos enfrenamientos con tomas de edificios, barricadas y pedradas o balazos de las fuerzas policiales (Millán, 2014). Los militantes estudiantiles protagonizaban choques con la policía y sufrían frecuentes arrestos. También eran habituales los cierres de la UNC durante varios días o semanas (Millán, 2013).

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            Al mismo tiempo, la militancia estudiantil era favorecida por la existencia de un conjunto de ámbitos de sociabilidad, como los comedores y las residencias universitarias, donde el clima de debate era permanente y se propiciaba la reflexión, la distribución de propuestas y denuncias, y la conformación de grupos de estudio integrados por alumnos de diferentes carreras (Ortiz, 2009).

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            En la carrera de Psicología de la UNC se daba "un auge del marxismo y el psicoanálisis, Sartre y Fanon, el arte psicodélico, el happening, la revolución Cubana, Vietnam y el existencialismo: la revolución estaba por llegar y había que entrenar tanto el alma como el cuerpo para la pelea y para la solidaridad" (Ortiz, 2009).

 

            Fue importante, en ese marco, el "III Encuentro Para la Revisión Crítica de la Psicología", desarrollado en Córdoba en 1970: allí "se fomentó una serie de debates sobre las perspectivas de la disciplina en el país; se combinó el cuestionamiento académico con el político y se impulsaron planes para el cambio en la orientación pedagógica y política de las carreras y de las disciplinas en el país" (Millán, 2013).

 

            Esa atmósfera de incesante movilización se acrecentó aún más en 1973, a partir de la asunción de Héctor Cámpora como presidente de la nación: ese año se designaron autoridades universitarias afines a las organizaciones más combativas del peronismo, se dispuso la expulsión de docentes y funcionarios identificados con el régimen anterior y se modificaron contenidos y formas de evaluación en varias carreras (Vera, 2013). Poco después, en marzo de 1974, el Congreso de la Nación sancionó la ley 20.645 de Universidades Nacionales, impulsada por el ministro de Educación Jorge Alberto Taiana. La norma reconoció la libertad de cátedra y la autarquía administrativa y económica, aunque prohibió la participación política. Al mismo tiempo, el Poder Ejecutivo designó rectores normalizadores y estableció un plazo para instalar el gobierno autónomo de cada Universidad.
 

            Tales planes, sin embargo, no llegaron a concretarse. El fallecimiento del presidente Juan Domingo Perón en julio de 1974 derivó en la inmediata adopción de cambios radicales en las políticas educativas, impulsadas por el nuevo ministro de Educación Oscar Ivanissevich.

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            En ese contexto turbulento se realizó en Córdoba el Primer Encuentro Nacional de Estudiantes y Profesionales de Psicología, convocado por la Confederación de Psicólogos de Argentina (Copra) entre el 11 y el 13 de octubre de 1974. El evento surgió como reacción contra un proyecto de creación de un "Servicio Nacional Integral de Salud (SNIS)" que no reconocía la actividad profesional de los psicólogos. Luego de diversos debates, la asamblea instituyó el 13 de octubre como Día del Psicólogo a manera de símbolo de unidad y fortaleza del sector, pero no logró torcer las disposiciones del gobierno nacional (Facultad de Psicología UNC, 2013). Además, el encuentro culminó con una represión ejecutada por personal policial y de la Triple A, que ya estaba "operando sobre todos los que estaban politizados" (Topia, 2002).

 

            Dos meses después, en diciembre de 1974 se ordenó la intervención de la UNC. Mario Víctor Menso reemplazó a Próspero Luperi en la rectoría e impuso autoridades decanales en todas las facultades, además de forzar una cesantía de docentes por razones político-ideológicas. En la carrera de Psicología fueron expulsados 15 profesores.

 

            Durante esos años se sucedieron cuatro decanos en la Facultad de Filosofía de la UNC, de la que dependía la Escuela de Psicología: casi todos fueron afines a las respectivas tendencias ideológicas del gobierno nacional y provincial. Son los siguientes:

 

            * Gaspar Pío Del Corro (mayo de 1972 a mayo de 1973). Era conservador, de extracción católica y afín al gobierno militar del presidente Alejandro Agustín Lanusse. Posteriormente, en el Proceso militar, integró una 'Comisión Asesora para la Reorganización y Gobierno de la Facultad de Filosofía de la UNC' (UNC, 2009).

 

            * Guillermo Beato (junio de 1973 a noviembre de 1973). Su gestión comenzó junto con la presidencia de Héctor Cámpora y se extendió durante sólo cinco meses. Luego se desempeñó como docente en la misma Facultad hasta su cesanteo en mayo de 1975. Poco después se exilió en México (como ya lo había hecho entre 1966 y 1973) y permaneció en ese país hasta en 1984. Al año siguiente volvió a dar clases en la Facultad de Filosofía de la UNC. (Facultad de Filosofía, 2014; Valdemarca, 2014; Océano, 2012).

 

            * Raquel Ferrario (noviembre de 1973 a diciembre de 1974). Era docente de Psicología Social y se definía como "althusseriana". Se identificaba con las corrientes de izquierda, y fue decana justo en el momento en que el país y la provincia empezaban a "derechizarse" (Facultad de Psicología UBA, 2011).

 

            * Carmelo Felauto (enero de 1975 a marzo de 1976). Durante su gestión fueron cesanteados 25 profesores de todas las Escuelas de la Facultad, 11 de los cuales pertenecían a la carrera de Psicología. En su mayoría adscribían al psicoanálisis y eran afines a partidos de izquierda (Facultad de Filosofía UNC, 2014).  

 

            Luego, tras el Golpe de 1976, el gobierno militar ordenó la intervención en la UNC y designó a autoridades castrenses en los decanatos. También impuso cupos, arancelamiento, exámenes de ingreso y estrictos controles sobre los contenidos curriculares e incluso sobre la vestimenta y el aspecto físico de los estudiantes. En septiembre de 1976 se publicaron las primeras listas negras con los nombres de los alumnos expulsados, aunque muchos ya no acudían a las aulas desde 1974, por la violencia instalada en la Ciudad Universitaria. Durante esos años hubo miles de estudiantes detenidos y desaparecidos en todo el país (UNC, 2012b).

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